El Derecho del Ciudadano a la Seguridad Pública y a la Justicia Penal

 

       

Dr. Raúl Carrancá y Rivas

 

 
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Conferencia

Segundo Foro nacional de Seguridad Pública

"COPARMEX"

Cancún,

Quintana Roo

26 de junio de 2003

 

 

       

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La delincuencia en la ciudad de México y en el resto del país está creciendo; tendencia a la alta, la anterior, por desgracia firmemente establecida. Hay que señalar que de ello son testigos conscientes y preocupados, junto con la Universidad Nacional Autónoma de México, el Consejo Coordinador Empresarial, la COPARMEX y el Instituto Tecnológico de Monterrey, entre otras importantes corporaciones. Sobre el particular y ya que con anterioridad me he referido a la política que en la materia lleva a cabo el jefe de gobierno de la Ciudad de México, me parece oportuno recapacitar ahora acerca de lo siguiente. El secretario de Seguridad Pública capitalino, Marcelo Ebrard Casaubón, anunció que este año presentará una propuesta para que se le autorice a la Secretaría a su cargo la creación de un área de investigación llamada "detectives", donde los policías preventivos puedan ser designados como auxiliares del Ministerio Público. Supongo que él cree que así enfrentará y resolverá el problema de la inseguridad. El hecho es que se tendrían dos policías auxiliares del Ministerio Público, la estrictamente constitucional, que se debe llamar Policía Ministerial, y aquella formada por “detectives”. Puede ser útil, no lo dudo, aunque se trata nada más de una medida intermedia, paliativa. Entrevistado hace pocas semanas al término de un Foro Internacional de Seguridad Pública, realizado en la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México, criticó los sistemas judicial y penal en la capital y estimó que "pareciera que están hechos para no sancionar" a quienes cometen un delito.

A mí me alarma y preocupa la reiterada insistencia de algunas autoridades al suponer que leyes y tribunales sirven para erradicar el delito, cuando estos sólo se aplican y funcionan después de cometido el mismo. Y lo que se busca precisamente, en el área del secretario al que me refiero, es evitar su comisión. Ebrard Casaubón volvió a hacer hincapié en que en muchas ocasiones los presuntos delincuentes recuperan su libertad y no son sancionados; "tenemos que modificar nuestro sistema judicial", afirmó. Lo que pasa es que en el caso se trata, como el mismo secretario lo reconoce, de “presuntos delincuentes”, es decir, de individuos que pueden recuperar su libertad bajo caución ya que la libertad, de acuerdo con lo prescrito en el segundo párrafo del artículo 14 constitucional ya citado junto con la consecuente reflexión a mi cargo, sólo se puede perder judicialmente hasta que el juicio se agote. Como se ve, a la visión que del asunto tiene el secretario aludido le falta el elemento imprescindible de la juridicidad. Abundan las posibles soluciones de hecho para enfrentar el angustioso problema de la inseguridad; soluciones que yo califico de pragmatismo político, que ni siquiera jurídico. Al respecto no se debe perder de vista que si el ciudadano tiene derecho a la seguridad pública, a solicitarla y reclamarla, esto entraña que tal seguridad no se puede alentar, favorecer o proporcionar nada más de facto con flagrante abandono del espacio de jure. Al derecho que me corresponde debe corresponder así mismo una respuesta propia del Derecho, o sea, jurídica. Y lo único que vemos en su mayoría son respuestas prácticas o pragmáticas que en rigor deben o deberían ser una consecuencia de lo estricta y rigurosamente jurídico. ¿Cómo podemos o podríamos, además, aspirar a la justicia penal, cómo podemos o podríamos requerirla si en el terreno de la seguridad pública reina un verdadero caos? Yo no niego la buena fe de algunos de nuestros gobernantes, pero no es suficiente. Por ejemplo, el secretario de Seguridad Pública de la Ciudad de México propuso, aunque parece que luego dio marcha atrás, que las famosas arrancadas, llamadas entre nosotros “arrancones”, a cargo de jóvenes que manejan sus automóviles a altas velocidades, lo que en muchos casos ha tenido consecuencias dramáticas, fueran tipificadas como delitos en el Código Penal. Esto es un absurdo mayúsculo ya que jurídicamente tales acciones no pueden ser delictivas pues carecen de los ingredientes imprescindibles propios de la conducta criminal. Lo que sí deben ser es causa de severas infracciones en materia de tránsito, con multas considerables y retiro de la licencia para conducir vehículos de motor. Señalo lo anterior con alarma porque refleja una tendencia equivocada en la lucha en contra de la inseguridad, la de querer enfrentarla con reformas a las leyes y a los códigos “inventando” nuevos delitos y aumentando la cantidad de la pena. ¡Ese no es el camino!    

 

 

         

         

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