El Derecho del Ciudadano a la Seguridad Pública y a la Justicia Penal

 

       

Dr. Raúl Carrancá y Rivas

 

 
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Conferencia

Segundo Foro nacional de Seguridad Pública

"COPARMEX"

Cancún,

Quintana Roo

26 de junio de 2003

 

 

       

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Este Foro cuenta con el aval y respaldo del Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública y la Justicia Penal de la propia Confederación Patronal Mexicana, “COPARMEX”, y ello me obliga a la siguiente reflexión. El ciudadano desde el punto de vista jurídico ha sido y es el habitante de las ciudades antiguas o de los Estados modernos y que teniendo la calidad de sujeto de derechos políticos interviene, ejercitándolos, en el gobierno de su país. Hay que recordar que la palabra “ciudadano” fue usada permanentemente y en este sentido durante la Revolución Francesa; al grado de que la Asamblea Constituyente Francesa después de haber acordado en su sesión de la noche del 4 de agosto de 1789 la renuncia y abolición de todos los privilegios formuló, el 26 del mismo mes y año, la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano. Al respecto es de vital importancia su artículo 2º que a la letra dice: “El objeto de toda sociedad política es la conservación de los derechos naturales e imprescriptibles del hombre. Estos derechos son la libertad, la seguridad y la resistencia a la opresión”.

A su vez la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó el 10 de diciembre de 1948 en el famoso Palaix de Chaillot, en París, la Declaración Universal de Derechos del Hombre cuyo artículo 3º reza a la letra: “Todo individuo tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de su persona”. De ambos textos históricos anteriormente citados se obtiene una clara conclusión, a saber, que el ciudadano en el uso y ejercicio de sus derechos debe intervenir en el gobierno de su país y que el derecho a la seguridad es un derecho natural e imprescriptible.

Ahora bien, desde el texto original de nuestra Constitución, y no hay mas que leer el Diario de los Debates del Congreso Constituyente, el perfil de la misma tiene en la seguridad uno de sus pilares más sólidos. Y es por eso, sin duda, que en relativamente reciente adición al texto constitucional se introdujeron en el artículo 21 el penúltimo y último párrafos al tenor siguiente: “La seguridad pública es una función a cargo de la Federación, el Distrito Federal, los Estados y los municipios en las respectivas competencias que esta Constitución señala. La actuación de las instituciones policiales se regirá por los principios de legalidad, eficiencia, profesionalismo y honradez” (penúltimo párrafo). “La Federación, el Distrito Federal, los Estados y los municipios se coordinarán, en los términos que la ley señale, para establecer un sistema nacional de seguridad pública” (último párrafo). En consecuencia es evidente la responsabilidad que en la materia tienen la Federación, el Distrito Federal, los Estados y los municipios; la que de ninguna manera hace nugatorio nuestro derecho de ciudadanos a reclamarla y exigirla. Pero la Constitución es muy clara en la especie y delega en las instituciones policiales aquella responsabilidad. Además la Carta Magna prescribe el establecimiento de un sistema nacional de seguridad pública. En tal virtud yo entiendo la organización y realización de este Foro como una convocatoria de la “COPARMEX” para que en el ejercicio de nuestros derechos políticos intervengamos en el gobierno del país; ya que no sólo gobiernan o deben gobernar los gobernantes propiamente dichos sino también los gobernados, que aunque lo hacen a través de sus representantes constitucionales y legales no pierden por ello su derecho a intervenir democráticamente en el análisis de los asuntos nacionales y en sus posibles soluciones.

 

 

         

         

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